El Congreso de la República aprobó y publicó la Ley N.º 32524, una norma que busca promover la formalización y el fortalecimiento del modelo de negocio de los vehículos gastronómicos, conocidos popularmente como food trucks, en todo el territorio nacional. La iniciativa apunta a impulsar la inclusión económica y el desarrollo de miles de emprendedores que operan en la vía pública mediante vehículos motorizados y no motorizados acondicionados para la preparación y venta de alimentos y bebidas saludables.
Sin embargo, aunque la ley representa un avance en el reconocimiento de este tipo de actividad económica, su contenido también ha generado cuestionamientos sobre posibles vacíos legales que podrían desnaturalizar su objetivo original y beneficiar no solo a pequeños emprendedores, sino también a grandes cadenas comerciales.
¿Qué busca la Ley N.º 32524?
De acuerdo con el Artículo 1, la norma tiene como finalidad promover la formalización de los vehículos gastronómicos y fortalecer este modelo de negocio como una alternativa legítima de generación de ingresos. El ámbito de aplicación incluye a todos los emprendimientos que desarrollen su actividad económica en vehículos acondicionados para la preparación, cocción y comercialización de alimentos y bebidas saludables en la vía pública.
La ley define al vehículo gastronómico como una unidad —motorizada o no— adaptada exclusivamente para la actividad culinaria, que debe cumplir estrictas condiciones de higiene, conservación y buenas prácticas de manipulación. Asimismo, su ubicación no debe representar riesgos para la inocuidad de los productos ofrecidos al público.
Certificación y roles institucionales
Uno de los puntos centrales de la norma es la distribución de competencias entre distintas entidades del Estado. Los ministerios de la Producción, de Salud y de Transportes y Comunicaciones (MTC) serán los encargados de establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los vehículos gastronómicos.
En particular, el MTC asumirá la certificación vehicular, otorgando un documento a aquellos food trucks que superen la revisión técnica de acondicionamiento, garantizando estándares de seguridad y salubridad. Solo después de contar con esta certificación, los emprendedores podrán solicitar la autorización municipal para operar dentro de una jurisdicción específica.
El rol de las municipalidades y un posible cuello de botella
Aquí surge uno de los principales cuestionamientos a la ley. Al exigir que la certificación del MTC sea un requisito previo para obtener la autorización municipal, se genera un escenario complejo para los gobiernos locales. Las municipalidades podrían verse saturadas de solicitudes, especialmente en distritos con alta demanda, sin contar necesariamente con espacios suficientes para autorizar nuevas ubicaciones.
Diversos especialistas consideran que este procedimiento debió plantearse de manera inversa: primero, que la municipalidad asigne un espacio disponible de forma condicionada y, luego, que el emprendedor obtenga la certificación del MTC dentro de un plazo determinado. Una vez cumplido ese requisito, la licencia municipal debería otorgarse automáticamente. Bajo este enfoque, cuando una municipalidad agote los puntos disponibles en su jurisdicción, simplemente dejaría de otorgar nuevas autorizaciones.
¿Una ley para pequeños emprendedores o para grandes cadenas?
Otro aspecto polémico de la Ley N.º 32524 es que no precisa quiénes pueden ser titulares de los vehículos gastronómicos. En ningún artículo se establece que estos deban ser personas naturales, microempresarios o negocios familiares. Este vacío legal abre la posibilidad de que cadenas de restaurantes o grandes empresas instalen múltiples food trucks bajo el mismo marco normativo.
Esta situación ha despertado suspicacias sobre si la ley podría haber sido influenciada por intereses empresariales que, bajo el argumento de apoyar a pequeños emprendedores, busquen en realidad crear redes de puntos de venta móviles, desplazando a los negocios de menor escala. De confirmarse este escenario, el espíritu de inclusión económica que sustenta la norma podría verse seriamente afectado.
Lineamientos para dinamizar el sector
Pese a las críticas, la ley también establece lineamientos positivos orientados a dinamizar el sector. Entre ellos destacan la promoción de la asociatividad, la creación de incentivos, el establecimiento de procedimientos ágiles para iniciar actividades y el impulso a la producción y comercialización de vehículos gastronómicos.
Estas medidas, correctamente implementadas, podrían contribuir a reducir la informalidad, mejorar las condiciones sanitarias y ordenar el uso del espacio público, siempre que se acompañen de una reglamentación clara y equilibrada.
Un avance con retos pendientes
La Ley N.º 32524 marca un hito en el reconocimiento legal de los food trucks en el Perú, un sector que ha crecido de manera sostenida en los últimos años. No obstante, su éxito dependerá en gran medida de cómo se reglamente y aplique en la práctica. Corregir los vacíos normativos, proteger a los pequeños emprendedores y evitar la concentración del mercado serán desafíos clave para que esta ley cumpla realmente su propósito de inclusión y desarrollo económico.