Algunas de las más importantes modificaciones de la legislación laboral y previsional de los últimos años han estado orientadas a reducir los costos laborales.

El principal argumento en el que se basa esta orientación es que, al ser el laboral un componente importante del costo total de producción, una rebaja del mismo provocará una reducción del costo final del bien producido o del servicio prestado, tornando, por esa vía, más competitivas a las empresas beneficiadas por dicha política.

Esta política de reducción del costo laboral se aplica mediante una doble, y en ocasiones simultánea, estrategia. Por una parte, reduciendo las cargas sociales y los impuestos al trabajo; es decir, reduciendo el componente no salarial del costo laboral total. Por otra, aplicando incentivos (subsidios y/o exoneraciones tributarias) a la contratación de determinado tipo de trabajadores, especialmente jóvenes sin experiencia laboral.

El objetivo de esta segunda estrategia es fomentar el empleo de los jóvenes y adultos de mayor edad que se encuentran desempleados. Para ello se requiere equilibrar el costo de emplear a un joven sin experiencia o a un adulto cercano a la edad de jubilación -costo relativo a su nivel de productividad- con el costo relativo de emplear a un trabajador adulto con experiencia y suficientes años de actividad potencial. Este equilibrio se logra mediante la absorción por parte del estado de una parte del costo laboral no salarial de ese joven (principalmente costos previsionales), lo que constituye para el empleador un reducción efectiva de las cargas o impuestos al trabajo que él debe asumir, o mediante la liberación de todo o parte de la obligación contributiva (laboral) que tiene el empresario.

Esta nueva orientación de la legislación laboral y previsional (que, desde luego, también persigue otros objetivos, además de las reducción de costos) es motivo de debates. Los empresarios consideran, en general, que la reducción del costo laboral, junto a la mayor flexibilidad en las modalidades de contratación y a la movilidad de los trabajadores al interior de las empresas, permiten tornarlas más competitivas al ofrecer mejores precios y/o calidad del producto y adecuar más fácilmente la organización y el tamaño del empleo a los cambios que se operan en la demanda.

Los trabajadores, por su parte, si bien reconocen la importancia de la reducción de los costos empresariales, teme que ella se concentre en ellos, afectando negativamente sus ingresos y/o la extensión y la calidad de los sistemas de protección, especialmente en materia de salud y de pensiones.

En este contexto, cabe plantearse al menos dos interrogantes. La primera, si es necesario reducir los costos laborales para tornar más competitivas a las empresas¹/. La segunda, si la orientación política seguida en la actualidad en relación a los costos laborales afecta a los sistemas de protección de los trabajadores.

En los capítulos siguientes se analizará esta doble interrogante en relación a cinco países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. La selección de estos países obedece a su importancia económica en el conjunto de la región y al hecho de que mientras tres de ellos (Argentina, Chile y Perú) han introducido recientemente sustanciales modificaciones de la legislación laboral y previsional, en los otros dos (Brasil y México) ello no ha ocurrido,²/ de modo que en conjunto constituyen una buena muestra para analizar la relación entre costo laboral, competitividad y protección de los trabajadores. Por razones de disponibilidad de información, el análisis referido a competitividad se limita al sector manufacturero. Asimismo, la productividad está referida exclusivamente al trabajo y no a la productividad total de los factores³/.

En relación a la disponibilidad de información es preciso advertir sobre las limitaciones existentes para estimar el costo laboral por trabajador y unidad de tiempo (día u hora), no solo por el hecho de que las diferentes fuentes de un mismo país ofrecen distintas cifras (y distintas metodologías para aplicar las alícuotas de los costos laborales no salariales), sino también por la dificultad de expresar ese costo en valores monetarios comparables (dólares de los Estados Unidos), dado el retraso cambiario existente en algunos de ellos. De ahí que las cifras sobre costo laboral que se presentan en este estudio deben ser tomadas como valores promedio que reflejan una razonable aproximación al costo laboral por hora trabajada en el sector manufacturero de los distintos países considerados.

El estudio ha sido elaborado por Daniel Martínez, asesor regional de la Oficina regional de la OIT y por el suscrito.

Víctor E. Tokman

Subdirector General de la OIT